El informe sobre la suspensión cautelar de licencias urbanística “Goza de validez jurídica”
La suspensión cautelar de la tramitación y concesión de licencias urbanísticas en determinados ámbitos del municipio que el pleno del ayuntamiento aprobó el 18 de octubre de 2016 es legal según concluye el informe de los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante que solicitó el equipo de gobierno el pasado mes de enero. El alcalde, Vicent Grimalt, el vicealcalde, Rafa Carrió y la concejala de Territorio y Calidad Urbana, Maria Josep Ripoll, han hecho público hoy el resultado del informe tras entregarlo a los portavoces de los grupos municipales de la Corporación.
El informe emitido señala que el acuerdo de suspensión cautelar de licencias, que se adoptó para proteger los resultados de la elaboración de trabajos del plan general y evitar posibles situaciones de responsabilidad patrimonial y sus consecuencias indemnizatorias, goza de validez jurídica.
Aclarada la cuestión, los representantes del gobierno municipal han señalado que “continuamos con la hoja de ruta marcada para los trabajos de elaboración del Plan General”.
Esta suspensión cautelar tiene una duración máxima de dos años, plazo que, según ha indicado Ripoll, no llegará a agotarse porque la versión preliminar del plan general estará finalizada antes. Entonces, ha añadido, entrará en vigor la suspensión automática de licencias en aquellas zonas en las que el nuevo planeamiento difiera del vigente.
Ciudadanos denuncia la negativa del alcalde a darles acceso a la documentación
El edil de Ciudadanos, Sergio Benito, ha celebrado el informe positivo que permite la continuación de los trámites para el Plan General. Ha lamentado sin embargo que el Ayuntamiento haya tardado tres meses en conseguir un informe “que según ellos no hacía falta”.
Benito, quien ha señalado que ya no hay excusas para poner el plan general ya redactado sobre la mesa de estudio, ha denunciado no obstante la reiterada negativa del alcalde a mostrar la documentación que se remitió a la Diputación para la realización del informe.
“Queríamos hacer una comprobación rutinaria de la documentación pero la negativa del alcalde aún excita más nuestra curiosidad” ha dicho Benito. Desde el grupo municipal han insistido en que el derecho de la oposición para acceder a cualquier documentación del Ayuntamiento nace de la aplicación de la ley y no de la voluntad del alcalde. Es por eso que van a dar una última oportunidad por escrito al alcalde o aseguran llevarán el caso al juzgado.
En ese sentido Benito quiso ser muy claro durante la Junta de Portavoces en la que aseguró que el gobierno de Dénia ya no puede llamarse más “el de la transparencia” y que a partir de ahora se limitasen a votar con su mayoría y se abstuviesen de dar lecciones de nada.