La Guardia Civil investiga a 9 empleados de una empresa de control de estacionamiento de Zona Azul de Calpe

La Guardia Civil de Calpe está investigando a nueve personas, todas ellas empleadas de una empresa encargada de controlar los estacionamientos de la Zona Azul (ORA) en dicha localidad, por ser los presuntos autores de una serie de delitos continuados de falsedad documental y estafa.

A principios del mes de marzo de este año 2019, la Guardia Civil de Calpe tuvo conocimiento de varias irregularidades cometidas, presuntamente, por parte de algunos empleados de una empresa de control de los vehículos estacionados en la Zona Azul, sobre todo en lo que respecta a la hora del control y de la confección de las denuncias a dichos vehículos, bien por carecer del ticket de estacionamiento o por haber sobrepasado el tiempo del mismo.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de la localidad calpina dieron inicio a las gestiones de averiguación correspondientes  comprobando que, muchas de las denuncias interpuestas por estos empleados investigados, solamente habían sido supervisadas o comprobadas por un sólo controlador, siendo requisito indispensable que la infracción en cuestión sea corroborada o adverada in situ por, al menos, dos controladores.

Es decir, cuando un controlador observa un vehículo infractor, otro trabajador diferente a éste debe comprobar estos hechos, desplazándose hasta el lugar donde se hubiera presenciado la infracción. Gracias a la investigación, se ha podido saber, de forma fehaciente, que estas comprobaciones no se hacían siguiendo la normativa legal vigente, ya que, ambos controladores, se alertaban telefónicamente para que, así, uno de ellos pudiera ahorrarse el desplazamiento y poder cubrir más extensión del municipio.

Realizada esta llamada, el único controlador presente en la infracción, emitía un boletín-denuncia con dos firmas, alegando falsamente la supuesta corroboración del segundo operario, para que la denuncia no pudiera ser recurrible o anulable.

Otro extremo que pudo acreditarse gracias a la investigación fue que estos trabajadores, muchas de las veces en las que confeccionaban una denuncia, no dejaban el boletín-denuncia físico, en el parabrisas del vehículo denunciado, provocando así, que la denuncia llegase directamente a través de SUMA, es decir, siendo su pago obligatorio. Con esto, se supone que los empleados pretendían “aleccionar a los usuarios, para que éstos se acostumbrasen a poner el ticket”.

El móvil de esta mala praxis, llevada a cabo por los controladores, sería el aumento del número de denuncias, incrementando con ello el beneficio económico y propiciando un ahorro en costes en la contratación de más personal, para realizar esas comprobaciones legalmente, acordes a lo establecido en la legislación vigente. Al parecer, y según se desprende de las manifestaciones recogidas durante la investigación, existían órdenes concretas de dos de los jefes/encargados de la empresa, para que se actuara de esta forma fraudulenta, amenazando a los trabajadores con el despido, en caso de insubordinación.

Además de los delitos continuados de falsedad de documento público, también se ha podido constatar la comisión de un delito continuado de estafa, ya que, en la redacción de las denuncias, se actuaba mediando engaño y falsedad, provocando con ello un grave perjuicio económico a los ciudadanos.

El balance total de las personas investigadas es de 9, todas ellas españolas, siendo cinco mujeres y cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 33 y los 61 años. Todos ellos quedaron en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, a la espera de juicio.

Según el resultado de la investigación, estas irregularidades se habrían estado llevando a cabo durante más de 1 año, lo cual podría haber provocado a los usuarios un grave perjuicio económico, aún por determinar, de varios miles de euros.

Muchas de las víctimas de esta estafa ya han sido informadas de la existencia de la apertura de un procedimiento judicial, para que se personen como interesados y poder reclamar una posible indemnización.

No se descarta que estos hechos pudieran haberse producido también en otros municipios en los que esta empresa preste sus servicios.

Cabe destacar la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Calpe, a la hora de aportar los datos y archivos requeridos por los agentes, necesarios para el desarrollo de la investigación.