Las empresas de alquiler turístico en el aire por las modificaciones de los ERTEs
Las últimas modificaciones sobre los ERTEs y la falta de certidumbre sobre cuándo se abrirán las fronteras ponen en serio peligro la supervivencia de un sector entero: el de las empresas de alquileres turísticos de la provincia de Alicante. Y si el sector quiebra, se perderán en el camino miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
En concreto, el artículo 4 del Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que entró en vigor la pasada semana, implica que las empresas de menos de 50 empleados que puedan reiniciar su actividad, verán reducidas las bonificaciones del 100% de las cuotas de la seguridad social, que en principio podían mantenerse hasta el 30 de junio según el decreto anterior.
Así, si hasta ahora la bonificación era del 100%, en mayo se pasará al 85% y en junio al 75% a los trabajadores que se incorporen, mientras que los que continúen en ERTE será de un 60% en mayo y un 45% en junio. Esto, que podría considerarse duro pero soportable en otros sectores, puede ser la puntilla final para una actividad que depende en gran medida de que exista movilidad nacional e internacional, y con el actual cierre de fronteras el desastre parece inminente.
Sin clientes, sin demanda y sin ingresos, pero con los costes laborales disparados, produce vértigo cuantificar el impacto real que tendrá para la economía de la Marina Alta (y de toda la provincia de Alicante) que las empresas de alquiler se vean abocadas a concursos de acreedores y cierres en el corto y medio plazo.
Junto con las empresas y los miles de empleos asociados a las mismas, peligran también los ingresos de sectores que dependen directa o indirectamente de la llegada de turistas, así como los de miles de pequeños propietarios que alquilan sus viviendas para obtener unas rentas con las que complementar sus pensiones, afrontar los gastos de mantenimiento, etc.
Por este motivo, desde la Asociación de Alquileres Turísticos de la Provincia de Alicante, se hace un llamamiento a la flexibilización de las nuevas condiciones, por un lado, y por otro al establecimiento de una fecha concreta de apertura de fronteras para que se puedan realizar reservas y trabajar con un mínimo de certidumbre.