CEDMA reclama transparencia y diálogo

La Comisión de Territorio y Sostenibilidad del CEDMA se reunió este pasado miércoles, centrando sus participantes el debate sobre cuestiones referidas a la actualidad estival, tales como la gestión de residuos litorales, así como esbozando detalles conceptuales de los proyectos ministeriales para la restauración de la costa norte de Alicante, y que se plasmó en una alegación presentada por el Círculo, tanto para solicitar una mayor concreción de las acciones bióticas en cordones dunares, como para plantear una ejecución por fases que reduzca el riesgo de los grandes, pero cada vez más, recurrentes temporales marinos.

La Comisión apuntó líneas de acción específicas sobre diversos temas comarcales, y que serán desarrollados por grupos de trabajo al objeto de exponer propuestas a la Junta Directiva de la Federación.

En materia urbanística, las afecciones territoriales y económicas fueron parte nuclear del análisis, planteándose propuestas de acción focalizadas hacia la exigencia de la necesaria transparencia, cumplimiento normativo y procedimental, así como la apertura de nuevos canales de diálogo que favorezcan la gobernanza, tales como el interés mostrado para la integración en el futuro Consejo de Turismo, Desarrollo y Sostenibilidad de la ciudad de Calp.

Caso bien distinto es el dianense, cuya compleja y crónica situación ocupó un debate preocupado  en  desenmarañar  los  ruinosos  galimatías  urbanísticos  que  azotan  la ciudad, y que ahora tropiezan con un hecho cierto, la caducidad desde el pasado 20 de agosto del documento de referencia que sostiene toda la fase ambiental del Plan Estructural. Pero mientras la divergente clase política se aclara respecto a tal circunstancia y sus derivadas, se quiso recordar que la responsabilidad última de su declaración, corresponde a la Generalitat Valenciana, porque en definitiva, es la administración autonómica la que está obligada a decidir cómo y cuándo la ejecutará.

No compartiendo el proceder municipal dianense al condicionar los informes urbanísticos al Plan Estructural, en concreto desde su exposición en octubre de 2017, y por el período máximo de dos años, es ahora cuando la Comisión considera que deben abandonarse definitivamente dichas limitaciones firmadas por los técnicos municipales informantes. Delicada responsabilidad que debiera acotarse a la aplicación íntegra y exclusiva de la única normativa aprobada por Conselleria, el NUT aún vigente.

Se acordó también el solicitar reunión con el Alcalde de Dénia para transmitir inquietudes,  como  por  la  angustiosa  pretensión  de  dar  luz  a  esta  anárquica  y perniciosa situación, que no sólo ralentiza la economía de la capital de la comarca, sino que además, mantiene bloqueadas infraestructuras vitales para el funcionamiento de una ciudad que sirve de nodo estratégico en la comunicación continental e insular.

 

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