Cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno y el PSPV por las expropiaciones de Beniadlà
Las expropiaciones de los terrenos para la construcción del Hospital de Dénia vuelven a centrar el cruce de acusaciones entre el grupo municipal socialista y el equipo de gobierno. Al parecer, la información que se difundió a los medios de comunicación en el comunicado de prensa que resumía los asuntos tratados en la Junta de Gobierno de principios de mes son el motivo de la discordia. En el texto que reflejaba la información ofrecida por la portavoz accidental de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, Pepa Sivera se decía: «Otro asunto del que ha dado cuenta ha sido la provisión de fondos aprobada para hacer frente al contencioso interpuesto a por los propietarios de los terrenos a quienes se les expropió para construir el Hospital de Dénia y que reclaman al consistorio cerca de 40 millones de euros».
Según el PSPV, la edil «faltó a la verdad cuando desveló que se había presentado una nueva demanda de 40 millones de euros contra el Ayuntamiento por el tema de las expropiaciones de los terrenos del hospital que construyó Marina Salud en la partida de Beniadlà» ya que como dicen «los socialistas preguntaron ayer en la Comisión Informativa de Hacienda qué había de cierto en las declaraciones de Sivera a los medios de comunicación sobre una nueva demanda millonaria por la consecución de los terrenos del nuevo hospital y ante la pregunta el PP confirmó que en la actualidad no hay ninguna nueva demanda de 40 millones euros por las expropiaciones del Hospital de Marina Salud». Por este motivo, el concejal socialista, Paco Roselló ha afirmado que Sivera «manipuló la información de la Junta de Gobierno, ya que esa semana no se había tratado ningún tema sobre las expropiaciones de los terrenos del hospital» y recuerda que «lo único cierto de este tema es que la junta de la semana anterior había acordado pagar 18.000 euros más a la empresa contratada que se encarga de la defensa de los intereses municipales al defender un recurso de los particulares al precio estipulado por la junta de expropiación, pero es rotundamente falso que se haya presentado alguna demanda de 40 millones de euros, por lo que Sivera manipuló intencionadamente la información de la junta para sacarse de la manga un titular escandaloso y arremeter contra la gestión de los socialistas en la consecución de los terrenos del hospital”.
En base a lo dicho desde el grupo municipal socialista se ha instado a la alcaldesa Ana Kringe a que «destituya inmediatamente a Pepa Sivera como portavoz accidental de la Junta de Gobierno en las ruedas de prensa al faltar claramente a la verdad y intentar manipular la información».
En relación al asunto, el portavoz del grupo, Vicent Grimalt ha lamentado que «el Partido Popular politice la consecución de los terrenos del nuevo hospital en vez de defender los intereses municipales de Dénia» y también ha querido recordar que «hace unos meses el Tribunal Supremo dictó una sentencia que avalaba la gestión de los socialistas en la consecución de los terrenos del hospital, al señalar que el justiprecio adecuado por el que pagaron los terrenos no era el que dictaba el TSJ, sino el que inicialmente marcó el Jurado Provincial de Expropiaciones de Alicante en el que se basó el Ayuntamiento para realizar las expropiaciones y pagar más de lo que marcaba el jurado de expropiación hubiera sido prevaricar”.
Respuesta oficial
La respuesta oficial a las acusaciones socialistas no se ha hecho esperar y desde el gabinete de alcaldía se ha remitido un comunicado del concejal de Hacienda, Vicente Chelet en el que se dice: «Ayer, en la comisión informativa el PSOE preguntó sobre si se había interpuesto una nueva demanda por la expropiación de los terrenos en Beniadlà para construir el Hospital de Dénia, (un expediente gestionado por los propios socialistas bajo el mandato de Paqui Viciano). A este pregunta, se les contestó que lo que había era una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que condenaba al Ayuntamiento de Dénia a pagar 40 millones de euros a los propietarios a quienes se les expropiaron dichos terrenos, por lo que el Equipo de Gobierno había estimado interponet un recurso de casación (también llamado demanda de casación) ante el Tribunal Supremo en contra de dicha sentencia del TSJ”.
