El PP de Dénia desvela que el informe de Diputación se apoya en varios “borradores de informes” que hablan que el acuerdo tomado es ilegal

El Partido Popular de Dénia ha desvalado la existencia de tres informes (borradores) en los que se ha basado el documento jurídico de la Diputación de Alicante sobre la suspensión de licencias. Estos “borradores”, según consta en el documento de Diputación, son atribuibles a la Secretaría Municipal, al arquitecto municipal y a un bufete de abogados contratado por el propio Ayuntamiento.

Pese a ello, el equipo de gobierno presidido por el Sr. Vicent Grimalt, en un nuevo alarde de transparencia, NO había comunicado la existencia de dichos “borradores” a la Corporación Municipal. De hecho, el Grupo Popular únicamente ha tenido conocimiento de la existencia de los mismos tras una exhaustiva lectura del documento juridico de Diputación. Y ahora entendemos por qué habían sido ocultados.

En el primer “borrador de informe” atribuido a la Secretaría municipal se llega a las siguientes conclusiones:
1.El acuerdo plenario de fecha 18/10/2016 contraviene el límite temporal que establece el ordenamiento jurídico de cinco años para la adopción de medidas cautelares cuando se hubieran adoptado con anterioridad, constituyendo un vicio de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico.

2.El acuerdo carece de la necesaria motivación o justificación por cuanto los informes que le preceden aluden a determinadas tensiones propositivas que no están a la vista del expediente, ni cuenta con soporte en documento de planeamiento, hay pues un claro supuesto de nulidad en aplicación del mandato contenido en el artículo 47.1C)

3.El acuerdo de pleno 18/10/2016 ignora las situaciones jurídicas particulares y sus consecuencias económicas incumpliendo el mandato expreso del articulo 65 puntos 1 y 2 de la LOTUP. Constituye por tanto otro vicio de anulabilidad. Artículo 48 punto 1 de la LPAC. En su razón, sería conveniente si así lo entendiera la corporación la revocación del acuerdo pleno 18/10/2016, en interés del principio de legalidad y al amparo del 109 punto 1 de la LPAC, sin más trámite que la toma de conocimiento de este informe.

Opción por otra parte conveniente para los intereses generales de la corporación, dada la inminencia temporal de terminación del RUT y reserva de la posibilidad de suspensión de licencias acompañada de avance del plan estructural y estudio ambiental y territorial estratégico, ante el escenario de posible reviviscencia del plan del 72.

En el “borrador de informe” atribuido al gabinete jurídico, dice:
1.En consecuencia, además de la insuficiente motivación que se aprecia respecto del acuerdo de suspensión cautelar de licencias, y de la causa de anulabilidad que puede afectar al mismo, como consecuencia del incumplimiento del plazo legalmente previsto de cinco años en el que se prohibe la reiteración de la referida medida, cabe significar la ausencia de análisis pormenorizado de las consecuencias dañosas que para el ayuntamiento pudiera tener la referida medida, en relación con las licencias solicitadas aún no otorgadas, y sobre todo, respecto de aquellas otras que habiéndose ya concedido, pueden resultar contrarias al planeamiento que se pretende aprobar.

En el “borrador de informe” atribuido al arquitecto municipal: Dicho borrador recoge varias cuestiones como que el sustento de cualquier suspensión de licencias es una versión preliminar del plan y un estudio ambiental y territorial estratégico. Este soporte no existe en la documentación expuesta al público, puesto que estamos en una consulta popular o ciudadana que posee una trascendencia mínima en el contexto jurídico de un plan.

Hace referencia dicho borrador al alcance que tendrá dicha suspensión en las arcas municipales del ayuntamiento cuya cuantía estimativa puede superar el millón y medio de euros. Y que queda desglosado en el mismo.

Ante estos hechos, ocultados de manera interesada por el equipo de gobierno, desde el Partido Popular se insta a Grimalt a que explique por qué pidió a Diputación un documento juridico – que no es vinculante – pese a tener tres “borradores” de informes sobre este asunto advirtiendo de la ilegalidad de esta medida. Y por qué ocultó estos documentos a la oposición municipal pero al mismo tiempo los remitió a la Diputación de Alicante.

Por otra parte y a la vista de los “borradores” de informes exigen al equipo de gobierno solicitar de manera urgente, informe a la Generalitat Valenciana para que aclare la legalidad de dicha suspensión. Que dicho sea de paso, es la administración competente bajo el criterio de este grupo político.

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