El PSPV pide que el pleno rechace la nueva ley local
El grupo municipal socialista ha instado al Ayuntamiento de Dénia a convocar un pleno extraordinario con el objetivo de que todas las fuerzas políticas municipales apoyen la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Propuesta que como ha explicado el concejal socialista, Paco Roselló viene justificada por el hecho de que dicha reforma «quita competencias a los Ayuntamientos, vulnerando con ello la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución. Roselló ha destacado que la aplicación de esta ley puede llegar a desapoderar a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, de la prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos obligatorios». Es más, según el propio Roselló a ley establece mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad por parte de otras administraciones «que sitúan a estas entidades locales en una posición de subordinación o dependencia jerárquica» y «vulnera el principio democrático en el ámbito local, al establecer que, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos como la aprobación de los presupuestos, planes económico-financieros, planes de saneamiento o entrada en mecanismos extraordinarios de financiación, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobarlos». En este sentido el edil socialista ha asegurado que “se quiere hurtar así a la oposición el conocimiento, el control y la votación sobre temas de vital importancia para los Ayuntamiento, por lo que es una medida radicalmente inconstitucional”.
Por su parte el también concejal socialista, Óscar Mengual ha señalado que el PSOE y la mayoría de los partidos de la oposición con representación parlamentaria, han acordado «sumar sus fuerzas en los Ayuntamientos para hacer algo que, nunca se ha conseguido hacer antes en España, es decir que los Ayuntamientos acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que paralice y anule una Ley, concretamente la Ley de reforma de la Administración Local que el Gobierno del PP ha aprobado, a golpe de mayoría absoluta».
