El SEP denuncia que el Gobierno ha anulado las mejoras laborales de los funcionarios de Dénia

La Subdelegación del Gobierno de Alicante envió el mes pasado un requerimiento para que el Ayuntamiento de Dénia anulara totalmente en el pleno la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en julio de este año, por incumplir la legislación vigente especialmente en materia presupuestaria. Así lo ha revelado la central sindical SEP-CV (Sindicato de Empleados Públicos) que sin embargo ha agregado que el equipo de gobierno, del PSPV, ya ha anunciado a los representantes de los trabajadores que no acatará la resolución y continuará aplicando esta relación. Tal decisión aboca al ayuntamiento a un  proceso judicial contencioso administrativo contra la propia Subdelegación.

La RPT fue aprobada el pasado 7 de julio por la Mesa de Negociación con el apoyo de la mayoría sindical y con el voto en contra únicamente del SEP. Esta última central señaló que, aunque el documento recogía importantes mejoras y reivindicaciones que compartían, el procedimiento formal adolecía de importantes carencias legales. Y es que a su juicio, la RPT fue aprobada sin una memoria económica y sin un calendario de aplicación.

Por esa razón, el SEP propuso que ya que la modificación suponía un desequilibrio presupuestario importante, además de otros incumplimientos de la legalidad, su aplicación se realizara de manera progresiva en varios ejercicios, tal como se hizo con la anterior mejora laboral de 2005; y que al mismo tiempo se avanzara en mayor medida en la carrera profesional, con más amparo legal, para evitar justamente la impugnación. Sin embargo, la RPT fue aprobada por el pleno con una amplia mayoría política sin aceptar ninguna de esas mejoras propuestas.

Ahora, en el caso de que el proceso judicial fuera ganado por la subdelegación del gobierno, los trabajadores municipales se verían obligados a devolver las cantidades cobradas de más durante el tiempo que dure el contencioso administrativo. Sin embargo, según el propio SEP, el equipo de gobierno «ha tranquilizado» a los representantes sindicales, argumentando que confía más en el criterio de sus técnicos y asesores municipales que en el de los servicios jurídicos de la subdelegación del gobierno. En la actualidad, esta última es del mismo color político que el gobierno municipal, por lo que el SEP advierte de que «hay que entender que la resolución de la subdelegación obedece a criterios objetivos puramente técnicos y legales y no a otras motivaciones» como pudieran ser las políticas. 

Por todo ello, este sindicato añade que «esperamos que esta aventura legal iniciada por el equipo de gobierno tenga un final feliz, pero entendemos que tiene importantes riesgos para los trabajadores que podrían empezar a pagarse la próxima legislatura, y les genera una importante inseguridad jurídica y económica».

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