EUPV-AC pide que la salud pública de la Marina Alta deje de ser un negocio
EUPV-AC exige el cumplimiento de los acuerdos firmados la legislatura pasada por las tres fuerzas políticas, entonces en la oposición, donde se pedía la reversión del servicio privatizado.
La formación de izquierdas visitó ayer la comarca de la Marina Alta para reivindicar la recuperación de la gestión sanitaria al ámbito de la gestión pública. Raquel Pérez, diputada provincial, manifiesta “nuestro soporte a la Plataforma en defensa de la sanidad pública de la comarca. La salud de toda la ciudadanía no está en venta, los recortes y ajustes de la empresa Marina Salut están afectando a la calidad y a la cantidad de los diferentes servicios que tienen que prestar”.
El derecho a las urgencias nocturnas en el centro de atención primaria, los tiempos de espera en urgencias, la escasez de personal por recortes de casi un 11 %, respeto a las listas de espera, cierre de una planta del hospital, entres otros aspectos, están vulnerando los derechos asistenciales. “La auditoria financiera y sanitaria anunciada por la Conselleria debería contemplar la participación de los usuarios, son los que pagan los servicios vía impuestos, y de los profesionales. No compartimos en absoluto las intenciones de la Consellera Carmen Montón de permitir la continuidad de una concesión privada cuando existen multitud de quejas e incumplimientos contractuales” afirma la diputada d’EUPC-AC.
La Plataforma en defensa de la sanidad pública de la Marina Alta anunció que el próximo 20 de noviembre a las 20:00 habrá una concentración en las puertas del hospital para denunciar los incumplimientos de la Generalitat Valenciana. Rosa Giner, presidenta de la plataforma, mostró su decepción y llegó a lanzar la pregunta de “veremos a quien votamos el próximo 20 de diciembre” en clara alusión al gobierno valenciano por los incumplimientos. Esquerra Unida ya anuncia su apoyo a dicha movilización y la presencia de su diputada provincial.
Oscar Ramírez, representante del colectivo local de la formación de izquierdas, indicó que “no se puede jugar con la salud de nuestros vecinos y familiares. Es un derecho prioritario y debe ser de gestión pública. No vamos a permitir que sigan deteriorando la salud pública de nuestra comarca por intereses ocultos y económicos”.
