La Generalitat se muestra receptiva a consensuar la reurbanización del Puerto con el Ayuntamiento

Hace apenas una semana que el pleno del Ayuntamiento de Dénia aprobaba una moción para que Puertos tenga en cuenta la opinión municipal ante cualquier acción que la consellería de Infraestructuras pretenda llevar a cabo en la fachada marítima de la ciudad. Una propuesta, que si bien todavía no se ha presentado por registro de entrada en la Generalitat, ya ha recibido respuesta por parte de la administración autonómica. Ha sido la propia consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig quien se ha pronunciado al respecto.

Según afirma la consellera, “para Generalitat, ha sido, es y será, fundamental contar con la opinión de los ayuntamientos”  y explica que en todos los puertos de la Generalitat Valenciana cualquier actuación “se consensúa y se comunica a los ayuntamientos”. Además, Bonig ha recordado que en el caso de Dénia, en 2007, se aprobó un Plan de Usos Portuarios “muy consensuado con el Ayuntamiento y cualquier actuación se comunica como ya se ha hecho con las actuaciones que se han llevado a cabo”. De esta manera Isabel Bonig ha respondido a la iniciativa que desde el grupo municipal socialista se planteó en la última sesión plenaria, y donde se apuntaba la necesidad de redactar un Plan Especial para el Puerto de Dénia antes de continuar con su modernización.

En este sentido la consellera de Infraestructuras también ha apuntado que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que salvo que una ley establezca lo contrario, los informes municipales pueden ser preceptivos pero no vinculantes y ha manifestado que en la nueva Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana no contempla los informes municipales como vinculantes “pero se establecen instrumentos para las delimitaciones y no existe ningún obstáculo para iniciar ese procedimiento”.

Canon de ocupación

Por otra parte, el texto aprobado en el último pleno, también instaba a Infraestructuras a buscar un punto intermedio respecto al canon de ocupación, algo sobre lo que también ha respondido la consellera insistiendo en el hecho de que “se trata de un dominio público y en toda concesión o autorización hay que pagar un canon”. Bonig asegura que “es una cuestión legal y aunque vayamos a estudiar todas las posibilidades y a ver jurídicamente que podemos hacer aunque declararlo exento será algo imposible”.

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