LA PLATAFORMA POR LA LEY DE DEPENDENCIA RECLAMA EL AREA SOCIOSANITARIA DE LA PEDRERA

La plataforma en defensa de la ley de dependencia de la marina alta se ha reunido esta semana junto con diferentes asociaciones y colectivos para reivindicar unas infraestructuras y denunciar la difícil situación en la que se encuentran. Por ello hicieron lectura de un manifiesto en el que se pide la construcción del área sociosanitaria y que deroguen las leyes que recortan las prestaciones y servicios a la dependencia.

Este fue el manifiesto que se dio lectura;

Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de La Marina Alta queremos dar a conocer los últimos acontecimientos en torno a los recortes realizados en el ámbito de la dependencia y las personas con discapacidad.

Durante bastantes meses hemos estado escuchando a la señora ministra, diferentes Consellers e incluso al Presidente del Gobierno durante la campaña electoral, hablar de la insostenibilidad del sistema de dependencia. Las amenazas se han cumplido. El 13 de julio se aprobó el “Acuerdo para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia”. Y menuda mejora. Inmediatamente se redujo un 15% de la prestación para cuidados en el entorno familiar y se anuló la cotización a la Seguridad Social de estos cuidadores/as.

El 25 de octubre el Consell aprobó la “orden 21/2012 por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana” e introduce en nuestra legislación regional todo lo que recoge el decreto de julio. La consecuencia de todo esto es que la Ley de Dependencia ha recibido sentencia de muerte. Se aumenta hasta el 90% la cantidad que las familias han de abonar por el servicio en centros de día, residencias, centros ocupacionales, centros de enfermos mentales, etc.. o sea, copago de hasta el 90%. Y la prestación para cuidados en el entorno familiar se ha reducido en hasta un 70%, recibiendo algunas familias con grandes dependientes tan solo 20 €. Por supuesto, no nos han notificado nada de esto.

De nuevo han atacado, de manera ruin, a los más débiles y a aquellos que no pueden defenderse. Nuestros gobernantes hablan de aplicación más equitativa, justa y racional. Nosotros preferimos decir que, a partir de ahora, el que necesite ayuda se la tendrá que pagar, si puede.

Pero como dice la “ley de Murphy” : “si algo puede ir a peor, seguro que lo hará”. El 20 de abril, el gobierno de España aprobó el “Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Este decreto en su artículo 94bis punto 8 dice:
“Estarán exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de las siguientes categorías:
a) Personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica.”
Esto nos tranquilizaba pues la normativa específica de la Consellería incluía la gratuidad para menores con discapacidad superior al 33% y para mayores de edad con discapacidad superior al 65%.

Pero nuestro President de la Generalitat aprobó el 21 de diciembre y publicó el 27 de diciembre, o sea, en plena Navidad, la “LEY 10/2012, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat”. Donde el artículo 160 deroga el párrafo segundo del artículo 16 de la “Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad”. Justamente este párrafo era el que incluye la gratuidad en medicamentos para menores con más de 33% de discapacidad y mayores de edad con más de 65%.
Por supuesto, tampoco se avisó de este cambio y el pasado 1 de febrero se anularon las tarjetas SIP de los menores con discapacidad y pasan a estar incluidos en la de los padres. Abonando por tanto el 40% o 50% del precio de los medicamentos según renta, o sea, como cualquier otra persona.

Esto supone castigar de nuevo al más débil, a aquellos que necesitan más medicación, a aquellos que padecen parálisis cerebral, fibrosis quística, epilepsia, enfermedades mentales y un largo etcétera…No toman estos medicamentos por gusto, sino porque no tienen otra opción, y a menudo se trata de medicaciones muy caras y que han de tomar de por vida. Para algunas familias suponen un gasto anual superior a los 6000 €.

Si a este gasto le sumamos el recorte en dependencia, la situación de muchas familias con algún dependiente ha pasado de ser complicada a realmente dramática. Hemos vuelto atrás más de 30 años en materia de discapacidad. De nuevo los más débiles son atacados mientras que la clase gobernante continúa en su nube parlamentaria con todos y cada uno de sus privilegios intactos a pesar de todos los trapos sucios que aparecen a diario. Señores, hemos vuelto a la beneficencia.

A nivel comarcal todo sigue casi igual que hace 20 años. Seguimos luchando por el Área Sociosanitaria (centro de día y residencia para discapacitados graves y centro para enfermos mentales). Después de prometernos en varias ocasiones que las obras comenzarían a finales de 2012, en diciembre nos dijeron que el presupuesto para 2013 era 0. Y no les da vergüenza decirlo mientras rescatan bancos que desahucian personas o pagan deudas de equipos de fútbol donde juegan millonarios.

Los pagos de Consellería para el funcionamiento de centros ocupacionales, centros para enfermos mentales, centros especiales de empleo, de atención temprana, viviendas tuteladas también se han reducido y además tardan en llegar, habiéndose abonado tan solo una pequeña parte de lo correspondiente a 2012.

También en cuanto a asistencia sanitaria, consideramos que la Consellería de Sanitat y Marina Salud incumplen sus obligaciones al no dotar a nuestra comarca de una USMI (Unidad de Salud Mental Infantil) donde poder tratar de manera correcta y por personal específico a los menores con déficit de atención e hiperactividad.

Y si todo esto fuera poco, la Consellería de Educación considera “no prioritaria” la ampliación del Colegio de Educación Especial “Raquel Payá”. Los barracones seguirán presentes este curso y ya veremos cuantos más.

Por todos estos motivos pedimos a la Consellera de Justicia y Bienestar Social y a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, una pizca de humanidad para derogar las leyes, normas y decretos que recortan las prestaciones y servicios a la dependencia. Al Conseller de Sanitat que derogue la ley que nos regaló por Navidad que obliga a pagar medicamentos a las personas con discapacidad.
Que de una vez por todas comiencen a construir el “Área Sociosanitaria” y no nos engañen de nuevo. Y a todos ellos que traten al colectivo de la discapacidad con un poco más de sensibilidad, porque se trata de personas con una especial vulnerabilidad.

Y por favor, no se rían de nosotros desde su nube de privilegios, en el planeta de la casta política.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de La Marina Alta

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