La UNED de Dénia analiza y cuestiona la puesta en marcha de la nueva Administración electrónica

Las nuevas leyes y los cambios introducidos en el Régimen Jurídico y en el Procedimiento Administrativo del Sector Público han sido analizados y comentados esta semana en el Centro Asociado de la UNED de Dénia, dentro de su oferta de Cursos de Verano. La iniciativa arrancó el lunes y se prolongará hasta la mañana de hoy miércoles, contando estos días en las aulas con un gran número de estudiantes entre los que se encuentran muchos funcionarios y profesionales del derecho.
La directora del curso, Marta Lora-Tamayo (profesora titular de Derecho Administrativo de la UNED), junto al coordinador del mismo, José Salvador Monserrat (profesor-tutor de Derecho Administrativo del Centro Asociado de la UNED de Dénia) presentaron unas jornadas que han suscitado un gran interés tanto por su vigencia de las dos leyes en cuestión como por la coyuntura política que se vive en la actualidad.

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La propia directora del curso pronunció la sesión inaugural, en la que describió las Principales novedades que introduce la Ley39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recordando la “doble” naturaleza que siempre persigue el procedimiento administrativo: “El privilegio que supone y del que disfruta la propia administración y, por otro lado, su versión de garante para los ciudadanos.
En cuanto al objeto de la nueva ley, Lora-Tamayo su importancia en cuanto a la regulación de las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos, implantando una administración “totalmente electrónica”. De hecho, añadió, el nuevo texto legislativo “más que el fondo, cambia la forma, atendiendo a una necesidad técnica por encima de cualquier principio ideológico”.

Asimismo, y analizando la puesta en marcha de la administración electrónica, lanzó una reflexión de fondo para el análisis, plateándose de forma retórica si el procedimiento administrativo electrónico “supone una mayor garantía para el ciudadano, implica más privilegios para la administración o ambos supuestos”. “La relación electrónica con los ciudadanos tiene una doble vertiente: dar una apariencia de agilización administrativa, por un lado; pero también implica un notable riesgo de despersonalización de los propios ciudadanos y administrados”, indicó.

Gestión documental, interoperatividad y seguridad

La segunda ponencia de la tarde corrió a cargo de Rubén Martínez, profesor titular de la Universidad de Alicante, que habló sobre El Modelo de e-Administración en la Ley 40/2015. Su intervención no estuvo exenta de críticas y dudas respecto a la redacción de las nuevas leyeres sobre el Régimen jurídico y el procedimiento administrativo del sector público. Martínez aseguró que la implantación de la misma “obligará a las administraciones a interconectar sus archivos” e incidió en la gestión documental como una de las bases del modelo de la administración electrónica. “Hay que diseñar bien los archivos y modelos de gestión documental, conforme al esquema nacional de interoperatividad y seguridad”, sentenció.

Los consorcios

La jornada del martes arrancó con la ponencia de José Monserrat Crespo, profesor-tutor de Derecho Administrativo del Centro Asociado de la UNED de Déniaque habló sobre los consorcios: definición, clasificación y características de los Consorcios privados, administrativos y locales, además del papel que juegan como administración institucional y especializada. Para finalizar analizó el Informe nº 1.016, de 2013, del Tribunal de Cuentas, sobre los Consorcios locales.

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También en la jornada del martes intervinieron María Cinta Vicedo, que como TAG del Ayuntamiento de Dénia centró su ponencia en los Derechos de los Interesados y ciudadanos; y Amparo Koninckx, secretaria de la Diputación de Alicante, que comentó las novedades que la reciente modificación legislativa aporta a los diferentes recursos ordinarios (De Alzada y Reposición) y Extraordinarios (de Revisión). Al respecto, comentó como novedades el hecho de que “cuando no hay acto expreso administrativo, el particular puede recurrir en cualquier momento”. De la misma forma, subrayó como otra cambio importante la reducción del plazo que tiene la administración para resolver la solicitud de suspensión del acto impugnable, que pasa de 30 días hábiles a un mes.

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La jornada la cerró de nuevo la directora del curso, Marta-Lora Tamayo, para dar unas pinceladas acerca de Ley 40 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y describiendo someramente el apartado referido al Gobierno y a la Administración General del Estado.

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El curso sobre Régimen jurídico y procedimiento administrativo del sector público ha concluido esta mañana con la ponencia del profesor Juan Cruz sobre el Nuevo Procedimiento Administrativo. Impugnación y recursos, a la que ha seguido una mesa redonda en la que han participado el propio Cruz junto a Ana Pardo, profesora-tutora de la UNED de Dénia y Marta Lora-Tamayo.

 

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