Dénia aprueba interponer un conflicto en defensa de la autonomía local
El Ayuntamiento de Dénia ha celebrado una sesión plenaria extraordinaria en la que que se ha acordado adherirse a la iniciativa de plantear un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional que ya han iniciado más de 1.600 municipios de España. El acuerdo se ha alcanzado a primera hora de esta mañana durante la celebración de un pleno extraordinario en el que el grupo municipal socialista ha abogado por la necesidad de alcanzar un gran pacto que defienda los intereses de Dénia ante la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Según ha explicado el líder del PSPV, Vicent Grimalt, la norma afecta al desarrollo del municipalismo y “debemos ser más valientes e iniciar desde la unidad una defensa de la política local más allá de luchas partidistas, por lo que no entiendo que el PP se haya limitado a cuestionar la legalidad de un acuerdo que ya han tomado muchísimos municipios de España”. Además Grimalt ha señalado que “todos los grupos municipales debemos trabajar para que las competencias de sanidad, educación y bienestar social no las ejerza una Generalitat endeudada, a más de 100 Km y que ya ha demostrado en muchas ocasiones el maltrato institucional a la ciudad, como por ejemplo la parálisis del área sociosanitaria de la Pedrera, la no construcción del segundo centro de salud o las grandes carencias en infraestructuras educativas que tiene Dénia”.
Apoyos y críticas
El acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Dénia de llevar al Tribunal Constitucional la nueva ley de Administración Local ha sido bien recibida por UPy D desde donde se ha comunicado su apoyo a dicha propuesta ya que como dicen dicha norma «refuerzan las competencias de las Diputaciones Provinciales sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes que atenta, no sólo contra el principio de autonomía local constitucionalmente protegido, sino contra la propia definición de democracia y el derecho de representación política establecido en el artículo 23 de la Constitución española». El respaldo se ha hecho público tras asistir al pleno extraordinario convocado para hoy 17 de marzo a las 8 de la mañana. Una sesión en la que como se apunta desde UPy D, «el Partido Popular ha intentado dejar sobre la mesa el asunto tratado en el pleno previa consulta al secretario municipal, ha dejado en evidencia la actitud de un partido más interesado en salvaguardar su imagen y del rédito electoral que la votación pueda tener, que por salvaguardar a los ciudadanos y sus intereses».
Por otra parte, en el salón de plenos también se ha dado cita el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que ha interrumpido la sesión con una «xocolatà» como forma de protestar ya que entienden que «la alcaldesa ha intentado ocultar detrás de las fallas y a una hora intempestiva de un día festivo, un debate que es vital para el futuro de nuestra ciudad, ya que de esta Ley dependerá entre otras muchas cosas la supervivencia de los Servicios Sociales municipales».
Además, ataviados con las camisetas en contra de la reforma local y en defensa de una residencia pública, los representantes del SEP han entregado a cada concejal una copia de la moción que se aprobó hace un año por unanimidad, en la que se comprometían a concluir el proceso de funcionarización del personal laboral “a la mayor brevedad”, y que continua paralizado a fecha de hoy, «incumpliendo su palabra y permitiendo la posibilidad de privatizar o suprimir servicios esenciales para la comunidad. Culminar este proceso de funcionarización ahora, supondrá asegurar los servicios públicos de todos de mañana».
