El Síndic de Greuges pide revisión del permiso de la licencia de obras para el complejo de lujo “Las Olas”

Los vecinos que se oponen al complejo de lujo “Las Olas” en primera línea de playa de Dénia (Alicante) se han visto confirmados en sus dudas sobre la legalidad del proyecto: Después de una exhaustiva investigación del polémico caso, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana llegó a la conclusión de que posiblemente no se aplicó correctamente la ley, lo que podría poner en entredicho la validez de tal licencia de construcción.

Por esta razón, el Síndic de Greuges, José Cholbi, acaba de solicitar a la Concejalía de Urbanismo de Dénia, en una resolución con fecha de 29 de abril de 2019, “revisar la licencia de obras para determinar si la misma fue válidamente otorgada”.

El Defensor del Pueblo había iniciado su investigación después de una queja de varios vecinos, que exponían que las administraciones implicadas ignoraban sus alegaciones respecto a los problemas ecológicos y legales de la nueva urbanización. Se trata de un bloque de viviendas de cinco alturas y 19 apartamentos que se está levantando en el tramo Blay Beach de Les Marines – una playa ya casi desaparecida por la erosión y la presión urbanística. Una playa que debe ser regenerada al menos un par de veces al año con miles de toneladas de arena que sufragan todos los españoles.

En su resolución, el Síndic identifica un problema clave respecto a la legalidad de la licencia de obras: El hecho de que el permiso del día 28 de julio de 2017 se había concedido un mes después de la anulación del Régimen Urbanístico Transitorio de Dénia por el Tribunal Supremo (Sentencia núm. 1145/2017, de 29 de junio 2017). Y esto, por lo tanto, parece apoyar el argumento esgrimido por los vecinos de que en el momento de la concesión de la licencia, no había ningún marco urbanístico en vigor en el que pudiera basarse este acto administrativo.

Motivo por el cual el Síndic solicita ahora a la Concejala de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, una revisión de oficio del permiso “y que, a la vista de dicho procedimiento de revisión, adopte las medidas que correspondan legalmente para proceder a la protección de la legalidad urbanística que hubiera podido ser o estuviese siendo, en su caso, conculcada”.

Además, el Síndic duda de la legalidad de la licencia también por otra causa: Según el Ayuntamiento la promotora de “Las Olas” adquirió el permiso de obras mediante el “silencio administrativo” – lo que viene a significar en cierto modo, de forma automática. El “silencio administrativo” es una figura legal para determinados expedientes, donde la administración no resuelve la solicitud en el plazo establecido y por lo tanto se entiende estimada la solicitud por  “silencio”.

Pero la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP, articulo 223) descarta explícitamente la obtención de la licencia por “silencio administrativo” para una obra nueva como es el bloque de viviendas “Las Olas”, destaca el Síndic. “La concesión de licencias de obra de construcción, edificación o implantación de instalaciones de nueva planta no es uno de los casos previstos en la Ley”.

Esta resolución del Síndic ensombrece una vez mas la tramitación de este permiso de obras que ya fue criticado por los vecinos que alegaban posibles irregularidades. Una acusación que siempre fue rechazada por el Ayuntamiento (PSPV-PSOE/Compromís), pero que ahora se ve nuevamente alimentada por la resolución del Síndic.

Hay que recordar que esta licencia ya es el segundo permiso de obras para “Las Olas” que levanta sospechas: Ya en 2014 el consistorio, donde entonces mandaba el PP, otorgó un permiso sin el preceptivo visto bueno del Servicio Provincial de Costas – lo que invalidó la licencia.

La preocupación de los vecinos de que la urbanización pudiera invadir el Dominio Público Marítimo y Terrestre (DPMT), que es la playa, sigue presente. Por ello, el Síndic pide ahora también al Ayuntamiento de Dénia “que adopte cuantas medidas sean precisas para garantizar que no se realicen obras dentro del D.P.M.T.” o sus zonas de servidumbre de tránsito y protección sin contar con la preceptiva autorización del Servicio Provincial de Costas.

El proyecto de “Las Olas” se encuentra desde el principio con una fuerte oposición vecinal. El amplio rechazo se refleja también en el masivo apoyo de una petición publica con el nombre “SOS Dénia” en la que se reclama proteger el litoral y no permitir más construcciones lesivas en primera línea. La petición, promovida por la plataforma Protejamos la Playa, reúne ya más de 24.300 firmas.

El descontento sigue existiendo entre los vecinos. Recuerdan la falta de control al inicio de las obras como por ejemplo la extracción de aguas freáticas sin el necesario permiso. Ven ahora el estado en el que se encuentra el trozo de playa que rodea a la construcción, llena de escombros. Y ahora además, a la vista de esta nueva resolución, se preguntan que es lo que ocurre con esta parcela y con el Ayuntamiento. Ya van dos licencias al mismo proyecto cuya legalidad se han puesto en duda, lo cual no parece un hecho muy habitual.

Por último, cabe destacar que el Síndic de Greuges fortalece en su resolución el derecho de los ciudadanos de acceder a la información urbanística y ambiental de las autoridades publicas, participar en los procedimientos de ordenación y ejecución urbanísticas mediante la formulación de alegaciones y, también, a obtener de la Administración una respuesta.

Con esta manifestación reacciona el Síndic a la queja de los vecinos de haberse encontrado con múltiples dificultades para acceder a toda la documentación del expediente administrativo y, además, de ver perjudicados sus derechos de participación por la falta de coordinación entre las distintas administraciones que, según la queja, “se pasan la pelota del uno al otro”.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Dénia y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana “que adopten las medidas precisas para mejorar la coordinación de las administraciones con competencias en materia urbanística” y garantizar el cumplimiento “de la participación efectiva y real de los ciudadanos en la elaboración de los instrumentos y demás actuaciones en materia urbanística”.

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