El Ayuntamiento condonará los dos últimos años del IBI y de la plusvalía en los desahucios forzosos

Las familias dianenses afectadas por los desahucios y pueden respirar un poco más tranquilas. Y es que el Ayuntamiento de Dénia condonará los dos últimos años del IBI y de la plusvalía a aquellas familias que se hayan visto obligadas a dar su vivienda en dación de pago de sus deudas hipotecarias o se vean forzadas a un desahucio. Esta iniciativa es una de las soluciones a las que se ha llegado en la primera comisión mixta celebrada entre responsables del consistorio y los miembros de la Plataforma Afectado por la Hipoteca (PAH). De esta forma se da respuesta a una de las propuestas presentadas por la PAH a finales del mes de mayo y que también incluye la posibilidad de solicitar ayudas sociales para la liquidación de deudas por recibos pendientes de pago de agua, luz y comunidad.

Pero esta no ha sido la única solución que se ha acordado en la comisión mixta, pues además, a lo largo de la reunión por parte del equipo de gobierno se ha asumido el compromiso de agilizar la reparación y el acondicionamiento de algunas de las viviendas sociales, actualmente en desuso para poder ponerlas a disposición de familias desahuciadas. Es más por parte del Ayuntamiento se están estudiando otras alternativas como poner a disposición de las familias desahuciadas toda una serie de ayudas sociales e incluso habilitar habitaciones de emergencia en hostales. Del mismo modo la PAH ha insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento de Dénia actúe como intermediario frente a las entidades bancarias, a fin de ejercer mayor presión para que estas paralicen los desahucios. Punto que por parte de la administración local ya se ha activado aunque como se ha informado a la PAH, “los bancos no se han mostrado muy receptivos ante las negociaciones”.


Tras la reunión la Plataforma Afectados por la Hipoteca ha valorado muy positivamente el resultado de esta primera comisión mixta, que aunque no tendrá un carácter periódico se convocará cuando las circunstancias lo requieran. Desde la PAH se asegura que “se ha dado un pequeño paso en cuanto que se ha involucrado el gobierno municipal en asumir estos puntos de compromiso”. Es más como dicen desde la plataforma “si se mantiene en esta postura y se llevan a cabo, es una muy buena noticia para los ciudadanos de esta ciudad que además de verse respaldados por la PAH ante un caso de desahucio, también será de gran ayuda verse respaldado por su Ayuntamiento”.

Propuesta de ley socialista

Por otra parte la PAH también ha recibido el apoyo del grupo municipal socialista quien a través de la diputada y secretaria de vivienda, María José Salvador han hecho saber a la plataforma que el grupo ha presentado ante las Cortes Valencianas una proposición de ley sobre la función social de la vivienda que plantea intervenir cuando se inicie el proceso de ejecución, antes de que se produzca la orden judicial, evitando así el 60% de los desahucios. Entre las principales medidas de esta proposición de ley se contempla la posibilidad de concertar un contrato de arrendamiento con opción de compra a suscribir por la entidad financiera titular del crédito, el propietario ejecutado y la Generalitat, por un plazo de tres años, a la finalización del cual el arrendatario podrá optar por la compra o por continuar con el arrendamiento durante dos años más.

Salvador ha resaltado que en la proposición de ley se prevé también el establecimiento de medidas coercitivas a las entidades financieras propietarias de viviendas deshabitadas, que así consten inscritas durante más de tres años en el Registro de Viviendas Deshabitadas, incluyendo la potestad de los Ayuntamientos de imponer multas anualmente por un importe equivalente al duplo de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles hasta que se produzca la efectiva ocupación de la vivienda.